Constitución sustentable y ecológica

Constitución sustentable y ecológica

20 Abril 2021
10 principios y derechos para una constitución sustentable y ecológica Por Alamedia
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1. Nuevo modelo de desarrollo sustentable y ecológico: 

Que inicie un proceso de mejoramiento de la sociedad, la calidad de vida y el bienestar de las personas, reemplazando la lógica consumista y extractivista que hoy promueve el desarrollo económico y social, por una de conservación y protección del medioambiente, en un modelo de economía circular que comprenda tanto la necesidad del bienestar material, el desarrollo y el respeto por el medioambiente y las generaciones futuras, considerando que la innovación y avances en investigación, la tecnología y la ciencia deben y pueden aportar en este nuevo modelo de desarrollo sustentable y ecológico.

 2.- Principio de sustentabilidad de la vida:

Para promover el desarrollo sustentable, uno que compatibiliza, considera y concilia la protección del medioambiente y del patrimonio histórico y cultural, con el desarrollo económico y social. Significa que los objetivos de justicia e igualdad social, así como los del crecimiento, desarrollo y progreso económico no están por sobre el cuidado, preservación y conservación del medioambiente.

3. Principio de equidad y justicia intergeneracional:

La sustentabilidad y todo lo que conlleva, implican el respeto hacia las nuevas y próximas generaciones. Lo que hoy perseguimos como desarrollo y las actividades económicas que impulsamos tienen efecto y comprometen los derechos de futuras generaciones. Este principio implica tener en cuenta un largo plazo que proteja y considere diferentes generaciones y grupos etarios.

4. Principio de descentralización, gestión territorial y gobernanza local:

Al igual que en el principio anterior, se debe reconocer una cierta autonomía y soberanía popular territorial en la toma de decisiones y gestión de los entornos, ecosistemas y ambientes en consonancia con la realidad de nuestro país. La administración en temas medioambientales no puede ser exclusivamente central, sino también local y regional.

5. Principio de participación ciudadana, comunitaria y territorial:

La ciudadanía y las comunidades son quienes más conocen la realidad y particularidades de sus territorios, por lo que mediante consultas, rendición de cuentas y transparencia, son quienes deben implicarse en la toma de decisiones en materia ambiental. La institucionalidad debe asegurar la participación informada de todas las personas en temas medioambientales, lo que, dicho sea de paso, se incluye en el Acuerdo de Escazú, constituyendo una de las tantas razones por las que se argumenta que Chile debería firmarlo. 

6. Derecho a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado:

Es el derecho garantizado a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, incluídos aspectos como el ruido, el paisaje (en protección y estética), la luz, el  tratamiento de las basuras, el aire, etc. Para todo lo anterior el Estado, mediante institucionalidad, debe cuidar, conservar y restaurar los ecosistemas, protegiendo los elementos vitales y los ciclos naturales.

7. Derecho a bienes comunes públicos, especialmente al agua y su saneamiento:

Se debe garantizar el acceso a bienes comunes públicos implicados en la sostenibilidad de la vida. En este sentido el agua es clave para el consumo humano y para la protección ecológica de los medioambientes. Se debe reconocer legalmente al agua como bien nacional de uso público y colectivo de propiedad del Estado, no sujeto a propiedad privada. 

 8. Derecho al suelo, el territorio, la ciudad y la vivienda:

El medioambiente no se refiere exclusivamente a los ecosistemas en tanto flora y fauna, sino también al concepto de hábitat. Se debe enfrentar el déficit de territorios y encarecimiento de los suelos mediante la planificación de las ciudades mediante principios de integración, descentralización, sustentabilidad y el acceso a bienes comunes y públicos. Fortalecer los bancos de suelos públicos, controlar la especulación de valor en los terrenos y crear instrumentos que regulen estos temas son algunos ejemplos para garantizar una vida digna para todas y todos sin marginar viviendas sociales o segregar a la población dejándola alejada de los servicios para la satisfacción de necesidades básicas y otras para una vida digna.

9. Derecho a la soberanía alimentaria y a alimentarse:

Se debe asegurar la disponibilidad y acceso a una alimentación adecuada y al alimento, en términos de su calidad y cantidad. Las administraciones locales requieren soberanía para dotar de valor a sus proveedores, con sus habilidades y conocimientos del territorio como fuente de alimentos, así como sus sistemas y recursos, regulando que se trate de procedimientos ecológicos.

10. Derecho a la biodiversidad y protección de los animales:

La protección de flora y fauna de cada ecosistema requiere de regulaciones institucionales para delimitar áreas protegidas o reservas naturales, prohibir prácticas como la caza, la deforestación o el extractivismo de recursos, entre otras. A su vez, la institucionalidad debe proteger a los animales en tanto seres vivos, individualmente y como poblaciones.